Después de tres años de enfrentamientos con Japón en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos forzó su rendición en 1945 lanzando dos bombas atómicas sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, que mataron a más de 120.000 personas. Con la derrota rival, las fuerzas aliadas lideradas por el general estadounidense Douglas MacArthur invadieron el país e iniciaron su democratización y desmilitarización.
El plan de los Aliados era que las autoridades japonesas redactaran una nueva constitución, pero al ver que estas solo planeaban una enmienda a la Constitución Meiji, vigente desde 1889, MacArthur tomó el control y le encargó el trabajo a su personal. Por indicación del general, la nueva ley suprema debía regirse por tres principios: el emperador debía rendir cuentas a su pueblo, Japón debía adoptar el pacifismo y había que implementar un sistema parlamentario que acabase con los privilegios de la nobleza. El comité estadounidense completó el texto preliminar en tan solo una semana.
El borrador final, revisado por las autoridades japonesas, fue aprobado por la Dieta japonesa el 7 de octubre de 1946 con solo cinco votos en contra. Conocida como la “Constitución de la Paz”, el emperador la proclamó el 3 de noviembre, comenzando una nueva etapa en la historia de Japón con un sistema político parecido a los occidentales, y entró en vigor el 3 de mayo de 1947. Pese a que había quienes pronosticaban que los japoneses la reformarían tras la ocupación, la carta magna sigue vigente y sin modificaciones.
De la soberanía imperial a la popular
Uno de los cambios más importantes que trajo la Constitución fue que la soberanía pasó del emperador a la voluntad del pueblo japonés. A pesar del controvertido papel de Hirohito en la Segunda Guerra Mundial como líder supremo de un Japón imperialista, los Aliados decidieron preservar la figura imperial, pero despojada del poder ejecutivo. Aunque ahora el emperador ejerce las funciones de jefe de Estado, el artículo 1 especifica que tan solo es el “símbolo del Estado y de la unidad del pueblo”.
La nueva Constitución cumplió los principios de MacArthur al reconocer los derechos humanos fundamentales, como el derecho a la vida, la libertad de conciencia, de culto o de expresión, o la igualdad, con base en la cual se eliminó la nobleza. Además, separó los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, creando el parlamento bicameral de la Dieta, el Gabinete ejecutivo responsable ante ella, y la Corte Suprema, que ejerce de alto tribunal.
El controvertido artículo 9
La mayor controversia de la Constitución japonesa ha sido la renuncia a su derecho a la guerra, como establece el artículo 9. Japón no puede realizar ofensivas militares, siendo uno de los pocos países con una Constitución de voluntad pacifista. Sin embargo, tiene derecho a defenderse, por lo que ha desarrollado sus Fuerzas de Autodefensa como fuerzas armadas. En 2020 era el noveno país del mundo que más gastaba en defensa.
Para muchos, en especial los sectores conservadores del país, la renuncia a la guerra deja a Japón en una posición vulnerable, ya que limita su capacidad de enfrentar amenazas para su seguridad. El ex primer ministro Shinzo Abe trató de reformar la Constitución en la última década, en una apuesta por mejorar la defensa nacional frente a la escalada de tensiones en el mar del sur de China o el programa nuclear norcoreano. Si bien no obtuvo apoyos suficientes, Abe consiguió sacar adelante una reinterpretación de la Ley Fundamental, que permitió que las Fuerzas de Autodefensa pudieran participar en misiones internacionales.
